FAQS SOBRE
COMPLIANCE

Resuelva todas
sus dudas sobre Compliance

¿Qué es el Compliance?
El término inglés “Compliance” (en español, plan de cumplimiento) se refiere a los modelos de prevención y control de riesgos penales, e incluye el Código Ético, el Plan de Cumplimiento, la formación al responsable (o “compliance officer”) y el Canal de Denuncias.
¿Qué es el Compliance Officer?
Es la persona a la cual la empresa atribuye la supervisión del modelo de prevención y control de los riesgos penales. En el caso de personas jurídicas de pequeñas dimensiones, la ley asigna la facultad de confiar dichas funciones al órgano de administración.
¿Las personas jurídicas están obligadas a implementar un sistema de Compliance Penal?
No, no es obligatorio. Pero sí necesario para que la persona jurídica pueda beneficiarse de la exoneración de responsabilidad penal prevista por el art. 31 bis, apartado 2 CP. Para ello, deberá probar que ha adoptado y ejecutado eficazmente, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión (Compliance Programs) para evitar y reducir la comisión de hechos delictivos en el seno de la misma.
¿Qúe delitos son atribuibles a las personas jurídicas?
Las personas jurídicas podrán ser reconocidas penalmente responsables de los siguientes delitos:
- delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)
- delito de manipulación genética (arts. 159 a 161 CP )
- delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
- delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP )
- delito de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 197 ter CP )
- delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP )
- delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP )
- delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262 CP)
- delito de daños informáticos (art. 264 CP )
- delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (arts. 270 a 277 CP )
- delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278 a 286 CP )
- delitos de corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quater CP )
- delito de negativa o impedimento a las actuaciones inspectoras (art. 294 CP )
- delito de blanqueo de capitales (art. 301 CP )
- delito de financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP )
- delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (arts. 305 a 310 CP )
- delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 311 a 318 CP)
- delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP )
- delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
- delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts. 325 a 328 CP )
- delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP )
- delito de riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348 CP )
- delitos contra la salud pública (arts. 359 a 365 CP )
- delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP )
- delito de falsificación de moneda y efectos timbrados (art. 386 CP )
- delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bisCP)
- delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
- delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP )
- delitos de malversación (arts. 432 a 435 bis CP)
- delitos de odio y enaltecimiento (art. 510 CP )
- delitos de asociaciones ilícitas (art. 515 CP )
- delitos de las organizaciones y grupos criminales (arts. 570 bis a 570 ter CP )
- delitos de organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo (arts. 571 a 580 CP)
- delito de contrabando (arts. 2 a 3 de la LO 12/1995, de 12 de diciembre)
¿Qué penas se pueden imponer a las personas jurídicas?
Las penas aplicables a las personas jurídicas están enumeradas en el art. 33, apartado 7 CP y son las siguientes:

a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
¿La persona jurídica será automáticamente responsable de los delitos cometidos por sus administradores, representantes legales y empleados?
No, para que se pueda imputar a la persona jurídica un hecho delictivo será necesario que los mencionados sujetos hayan actuado en nombre o por cuenta de la misma y que se haya producido un beneficio directo o indirecto para ésta.
En tal sentido, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado ha aclarado que por beneficio no debe entenderse un interés estrictamente económico, sino que podrá tratarse también de un beneficio reputacional, estratégico o de otra índole. Asimismo, ha evidenciado que no es necesaria la concreta producción del beneficio.
¿Qué puede hacer la persona jurídica para quedar eximida de la responsabilidad penal?
La persona jurídica quedará eximida de la responsabilidad penal en el caso de que cumpla con las condiciones previstas por el art. 31 bis, apartado 2 CP:
1.ª el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
3.ª los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
4.ª no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª.

En el caso de las PYMES, el art. 31 bis, apartado 3 CP las exonera del cumplimiento de la condición segunda, permitiendo que las funciones de supervisión sean asumidas directamente por el órgano de administración.
¿Qué es el Código Ético?
Es la norma de máximo nivel en el ámbito interno de la empresa, de la cual emanan el resto de políticas, normas e instrucciones internas. Supone el compromiso expreso de la organización para alcanzar un comportamiento ético en todos sus ámbitos de actividad y de funcionamiento.
¿Qué es el Plan de Cumplimiento Normativo?
Es el conjunto de normas elaboradas por la empresa para evitar o reducir la comisión de delitos en el seno de su actividad. Debe ser consecuencia de un estudio previo de identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos, con el objetivo de que puedan preverse y evitarse.
¿En qué consiste el Canal de Denuncias?
El Canal de Denuncias representa el medio a través del cual cualquier empleado o persona que trabaje en la persona jurídica o se relacione directa e indirectamente con ella puede denunciar o informar sobre hechos presuntamente delictivos que se han cometido en el seno de ésta, o simplemente sobre conductas profesionales poco éticas.
Las comunicaciones a este Canal no serán objeto de represalias de ningún tipo.

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